La llamada “Transición” española sembró la lucha del pueblo andaluz que comenzaba a organizarse de esperanzas en la posibilidad de un transformación política que permitiera a las andaluzas la posibilidad de un autogobierno que solucionara los graves problemas de desempleo, emigración y pobreza. La lucha por el autogobierno (que entonces se prometía que tendría soberanía económica, presupuestaria, legislativa… ) y la justicia social se vio empañada por la sangre andaluza derramada durante esas luchas.

El 4 de diciembre del 1977 rompieron los deseos de autogobierno en grandes manifestaciones que recorrieron las calles de todas las ciudades andaluzas. La represión fue el denominador común de todas ellas, llegando al asesinato del joven Manuel José García Caparrós a manos de las fuerzas del orden españolas, en la manifestación que tuvo lugar en Málaga. La represión generalizada en todo el Estado español para que la “democracia” no se saliera de los parámetros fijados por el neofranquismo y la socialdemocracia se cobró cientos de vidas de jóvenes, entre los que se encontraron andaluces como el señalado Caparrós, Javier Verdejo en Almería, los tres trabajadores de la construcción asesinados en Granada en el 1970, o los tres jóvenes del “Caso Almería”.

A pesar de todo ello, la participación de más de un millón de andaluzas en las manifestaciones del 4 de diciembre del 77 hicieron tambalearse los cimientos del Estado, por lo que se precipitaron los acontecimientos para que el plan territorial diseñado en los despachos de Madrid no sufriera contratiempos. Se trataba de desmovilizar al pueblo andaluz, quitarle el protagonismo que había ganado en las calles, secuestrar la voluntad popular mediante el engaño, la mentira y la usurpación de sus símbolos y aspiraciones. Para ello, el 4 de diciembre de 1978 se reúnen en Antequera representantes de los partidos políticos españoles, más los regionalistas andaluces, para canalizar la presión popular por el autogobierno, hacia posicionamientos institucionales controlados por la clase política. El acuerdo alcanzado, denominado “Pacto de Antequera”, determinó la realización de un referéndum para optar a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución española, el mismo que definía la autonomía de Catalunya, Euskadi y Galiza, frente a la vía más larga del 143 que se aplicó al resto de autonomías.

El 28 de febrero de 1980 las andaluzas votaban mayoritariamente por el acceso a la autonomía por el artículo 151 que nos igualaba a catalanes, vascos y gallegos. Sin embargo este amplio proceso de movilizaciones populares andaluzas sirvió de poco. A los Pactos de Antequera se sumó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) para reconducir con la aprobación de los partidos estatalistas y regionalistas la lucha por la soberanía de Andalucía. El 28 de febrero de 1980 supuso finalmente el principio de un proceso de desmantelamiento del empoderamiento popular acontecido tres años antes, un 4 de diciembre de 1977. Lo que vino después han sido estos 37 años de más dependencia (camuflada de autonomía), de más alienación cultural disfrazada de reparto de competencias, de más neocolonialismo vestido de modernidad y europeísmo.

Treinta y siete años después, poco a poco las andaluzas estamos despertando a la realidad, constatando el engaño, desilusionados por la estafa política de una dependencia disfrazada de autonomía que no podía cumplir las expectativas que nos hicieron salir a la calle el 4 de diciembre del 77. La “autonomía” no ha servido para superar la situación colonial que nos situaba a la cola de todos los indicadores económicos, ni impidió la pobreza o la emigración. Y no podía hacerlo porque no se le dotó de la soberanía política necesaria para desarrollar las políticas económicas y sociales que hicieran frente a las necesidades de las andaluzas. La autonomía andaluza es una simple descentralización administrativa del gobierno de España, del que depende jurídica y económicamente, como estamos comprobando en la aplicación de las políticas de recortes sociales exigidas por el gobierno de Madrid. La Junta de Andalucía no representa la voluntad soberana del pueblo andaluz; es una institución “dependiente” y “subordinada” a los intereses de las clases dominantes que controlan los medios de producción, de comunicación y los diferentes gobiernos de España.

La historia de las relaciones entre Andalucía y España, independientemente del tipo de gobierno de esta: Monarquías, Repúblicas, Dictaduras…nunca ha variado; ninguna de ellas ha solucionado los problemas de los andaluces ni han permitido el autogobierno de Andalucía. Todas ellas han mantenido la situación colonial que se iniciara tras la conquista de Andalucía por Castilla, utilizando nuestro recursos materiales y humanos para beneficio de las élites ostentadoras del poder en Madrid.

Por todo lo anterior, conminamos al pueblo trabajador andaluz en la lucha por una soberanía verdadera, por recuperar los derechos innatos a nuestra condición de pueblo y de nación, es decir, el derecho a gobernarnos y decidir el tipo de relaciones políticas, económicas y sociales que necesitamos para construir una sociedad justa e igualitaria. Para ello, es necesario construir la República Andaluza de Trabajadores/as sobre las bases de una Andalucía independiente, socialista y feminista inspirada en los principios que nuestros antepasados plasmaron en la Constitución Andaluza de Antequera de 1883: “Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este Pacto”.

El 28 de febrero es el día de la dependencia y la sumisión de Andalucía

Frente al 28 de febrero, el 4 de diciembre

¡¡¡Sin soberanía no hay autonomía, independencia para Andalucía!!!

¡¡Viva la República Andaluza de Trabajadoras!!!

Comisión Permanente de Nación Andaluza

Andalucía, 26 de febrero de 2017