La constitución andaluza de 1883 firmada en Antequera, en su Título I, Artículo 1º dice: “Andalucía es soberana y Autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este Pacto”.
Esto es lo primero que nos encontramos cuando comenzamos a leer la Constitución de Antequera; y no es por casualidad ni por azar. Y no solo se nos presenta como el objetivo principal de la Constitución, sobre el que pivotan el resto de Títulos y Artículos. También nos marca el camino a seguir, la forma en la que los andaluces y andaluzas llegaremos a construir una Andalucía “Soberana y Autónoma”.
La Andalucía que se “organiza en una democracia republicana y representativa” no puede esperar a que en el Estado español se den unas excepcionales circunstancias para que desde sus instituciones nos reconozcan como nación y nos otorguen el derecho inherente a la misma, puesto que eso no ha ocurrido en más de 500 años ni ocurrirá jamás. La Andalucía a la que nos quiere conducir la Constitución de Antequera “no recibe su poder de ninguna autoridad exterior”, lo que significa que no reconoce a las instituciones del Estado español ni aceptará lo que dimane de ellas. Por lo tanto, solamente desde un proceso constituyente andaluz, protagonizado por organizaciones andaluzas y teniendo a Andalucía como punto de partida y de llegada, será posible que podamos llegar al final de un camino que nos conduzca a la soberanía, como pueblo, como clase y como seres humanos.
Y no puede ser de otra forma porque España es irreformable. Tanto las experiencias del pueblo andaluz en todos los intentos soberanistas a través de los últimos siglos, como la última demostración de la voluntad popular de establecer un proceso constituyente encaminado a una Andalucía soberana, el 4 de Diciembre de 1977, nos muestran la imposibilidad de una reforma que posibilite un proceso soberano hacia otras formas de relación con el Estado, basadas en la igualdad y la soberanía de los pueblos y sus instituciones. La vía hacia la soberanía abierta aquel 4 de diciembre del 77, terminó en la gran estafa al pueblo andaluz, que representó la clase política el 28 de Febrero de 1980. La soberanía exigida en las calles y plazas andaluzas se tornó en Autonomía, una simple descentralización del Estado que nos concede unas instituciones sin capacidad legislativa ni política, sometidas a las normativas emanadas del Estado Central y de las instituciones Europeas; carente de los atributos que corresponderían a instituciones que representaran la voluntad de los andaluces y a la soberanía exigida.
Por contra, la reforma de la Constitución del 78 es la vía escogida por aquellos que ven en un nacionalismo andaluz popular aún carente de suficiente vertebración un simple granero de votos que les permita sentarse en los sillones de Madrid o de Sevilla. Los “nuevos” partidos y todas sus réplicas “regionales”, ven en la cuestión nacional andaluza, una forma de entrar en una nueva era política, donde el derecho de autodeterminación de los pueblos está en la primera línea del tablero político. Una forma de no quedarse atrás en los procesos soberanistas ya iniciados por algunos de los pueblos peninsulares y que tendrán continuidad en el resto de naciones peninsulares e insulares. Un modo de obtener protagonismo y votos sin que cambien las bases del actual status-quo.