La reciente resolución sobre el Sáhara Occidental aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU ha generado una profunda preocupación entre quienes apoyamos el derecho a la  autodeterminación del pueblo saharaui. Debe considerarse un retroceso significativo en el  derecho internacional, ya que pretende validar una ocupación y colonización militar  prolongada. 

Pongamos esto en contexto: en 1975, el Estado colonizador español abandonó a su suerte al  pueblo saharaui, al que había sometido durante más de 94 años bajo ocupación y dictadura. Todo  comenzó el 4 de noviembre de 1884, cuando el Imperio español fundó Villa Cisneros, su primer  asentamiento en el Sáhara, con la intención de apropiarse de los recursos pesqueros. Posteriormente, descubrió infinidad de riquezas en el subsuelo del territorio invadido. 

Durante todo ese tiempo, el pueblo saharaui luchó por su soberanía nacional. Una referencia  fundamental fue la figura del histórico revolucionario Basiri, asesinado en 1970, y la posterior  creación del Frente Polisario en 1973. Años de lucha anticolonial debilitaron la presencia del  colonizador español, lo que demuestra que no fue el Reino de Marruecos, quien expulsó al  colonialismo del Sáhara Occidental, hoy República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

El Estado español ha jugado durante décadas una doble o incluso triple posición. Su última traición  al pueblo saharaui fue apoyar los mandatos del imperialismo estadounidense al reconocer los  derechos del Estado marroquí sobre un territorio que jamás le perteneció. 

En esta traición también intervienen los intereses yanquis contra Argelia en el Sáhara, enmarcados  en el contexto de una rivalidad que se remonta a los años de la Guerra Fría árabe. 

Varios hechos jurídicos fundamentales respaldan la causa saharaui: 

∙ Un territorio soberano: La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en una opinión consultiva  de 1975, excluyó explícitamente cualquier vínculo legal de soberanía territorial entre el  Sáhara Occidental y Marruecos. 

∙ Una entidad distinta: Tan recientemente como en 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión  Europea reafirmó que el Sáhara Occidental es un territorio “separado y distinto” de  Marruecos. 

∙ Una promesa traicionada: La misión de la ONU en el territorio, la MINURSO, se  estableció en 1991 con el objetivo específico de organizar un referéndum de  autodeterminación, una votación que nunca se ha llevado a cabo debido a las constantes  obstrucciones de Marruecos. 

La desgracia de muchos pueblos en la era capitalista es poseer riquezas y materias primas  codiciadas por el capital. 

El sufrimiento de un pueblo: Durante los últimos 50 años, gran parte de la población saharaui vive como refugiada en campamentos cerca de Tinduf, en Argelia, en condiciones extremadamente  difíciles. La mayoría de los saharauis habitan en la parte del Sáhara ocupada por Marruecos, donde  sufren una represión sistemática de sus derechos y una política deliberada de cambio demográfico  mediante el asentamiento masivo de ciudadanos marroquíes. Quienes viven en los territorios  liberados son acosados permanentemente por la presencia y agresivas acciones militares marroquí.

Un pueblo digno, un pueblo soberano: El pueblo saharaui ha dado lecciones históricas de  dignidad, negándose siempre a dejarse amedrentar por las potencias colonizadoras. Durante los  últimos 141 años, desde aquel fatídico 1884, ha luchado incansablemente por su soberanía como  nación, sin retroceder ante agresiones, traiciones ni abandonos por parte de supuestos aliados o  amigos. 

En especial el estado Español, como muestra de estas traiciones; Aunque el Ejecutivo español  afirma apoyar la legalidad internacional y la solución política de la ONU, su práctica diplomática y  comercial ha sido percibida como traicionera , especialmente tras el cambio de posición en 2022  (apoyo a la “autonomía marroquí” como “base realista”). 

El estado español ha mantenido acuerdos pesqueros con Marruecos que incluyen zonas del Sáhara  Occidental ocupado. Empresas pesqueras operando en aguas saharauis bajo el amparo del  Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  ha declarado en múltiples ocasiones (2016, 2018, 2021 y 2024) que el Sáhara Occidental no  forma parte del territorio marroquí y que, por tanto, cualquier acuerdo que lo incluya sin el  consentimiento del pueblo saharaui es ilegal. 

Empresas, de la mano del ministerio de comercio se asienta en el suelo ocupado: Sector  energético, como Iberdrola y Acciona, han explorado o participado en proyectos en el Sáhara  Occidental, especialmente en parques eólicos. El Grupos TIL (Transportes Internacionales  Lanzarote) o Grimaldi han estado implicadas en el transporte marítimo de productos desde  puertos del Sáhara Occidental ocupado, como Dajla (Laayoune), lo que facilita la exportación ilegal de recursos naturales (fosfatos, productos pesqueros). 

Fosfatos y minería: No hay empresas españolas directamente concesionarias de la mina de fosfatos de Bu Craa (una de las más grandes del mundo), pero sí existen operaciones logísticas y  comerciales, llevadas a cabo por empresas españolas que conectan estos recursos con el mercado  español y europeo. 

El pueblo saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática necesitan del apoyo internacionalista  de organizaciones y personas conscientes de la realidad política que hoy se pretende imponer desde  el imperialismo y sus estructuras, especialmente la OTAN, brazo armado de este sistema. 

Desde la Plataforma Bases Fuera OTAN NO de Andalucía, hacemos un llamamiento a la  solidaridad activa. Es necesario realizar actos públicos multitudinarios en apoyo a la República  Árabe Saharaui Democrática y a su gobierno legítimo, el Frente Polisario. El derecho a la soberanía  de los pueblos no es negociable. La República Árabe Saharaui Democrática debe ser reconocida  como Estado soberano sin más dilaciones.