El Tribunal Supremo español ha condenado al Fiscal General del Estado español (FGE), Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. Ante esta nueva manifestación de la decadencia del sistema político oligárquico sobre el que se sustenta el Estado español, desde Nación Andaluza queremos señalar:

1º Esta resolución evidencia la disputa entre los distintos bloques políticos burgueses en el sistema judicial español, conformados por uno bajo influencia del Partido Popular y la extrema derecha y otro cercano al PSOE. Manifiesta la ausencia de “independencia” del poder judicial en las democracias representativas, al servicio de los intereses de la burguesía, y expresa claramente la naturaleza del Régimen del 39-78. 

2º Las estructuras judiciales españolas hunden sus raíces en el franquismo del que nacen sin que hubiera depuración alguna en la Transición a la monarquía parlamentaria. Son instituciones reaccionarias al servicio de los capitalistas y el Estado español, defendidas tanto por la derecha como por el Gobierno “progresista” estatal. Han sido conformados en función de un reparto entre el PP y el PSOE, siempre con algo más de peso de los sectores más conservadores. El Consejo General del Poder Judicial español, su Tribunal Supremo, su Audiencia Nacional -creada en 1977 como continuación del Tribunal de Orden Público franquista- y toda la estructura judicial funcionan a conveniencia. La FGE es nombrada a dedo por el Gobierno de Madrid. Que la extrema derecha esté mejor posicionada en el poder judicial no nos puede hacer olvidar que unos y otros defienden la propiedad burguesa, la explotación capitalista y la unidad de mercado español.

3º Denominar este proceso como un caso de lawfare sería olvidar el papel del PSOE como el más fundamental de los dos pilares del Régimen del 39-78 español durante estos cincuenta años. Sería ignorar que ha sido este partido el que ha implementado los retrocesos más importantes en el Estado español y se los ha facilitado al PP en algunas ocasiones (reformas laborales, Ley de Seguridad Nacional, Ley de partidos, Ley Mordaza…). Lawfare se ha aplicado desde el Tribunal Supremo español contra el independentismo catalán (prisión de siete cargos electos y dos líderes civiles, el exilo forzoso de cinco cargos más, la imputación de cientos de alcaldes y miles de activistas procesados) sin que el PSOE ni sus muletas a la izquierda hayan elevado más que tímidas protestas en el mejor de los casos. Lo mismo podemos decir de las causas contra las 6 de Zaragoza, las 6 de la Suiza y miles de casos más. En todos ellos, la Fiscalía General fue un instrumento del Estado para acompañar las causas de Lawfare y montajes judiciales contra el movimiento obrero y popular.

4º El Pueblo Trabajador Andaluz es juzgado por este poder. Se le aplican las leyes burguesas españolas (a las que tienen que estar supeditadas las leyes aprobadas por el gobierno andaluz) pero quedamos totalmente apartadas de cualquier decisión sobre el sistema judicial y sus máximos exponentes. Necesitamos conquistar nuestra soberanía judicial desconectándonos de la mafia de las togas españolas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debe ser la última instancia judicial asumiendo la soberanía judicial plena y eliminando la tutela que ejercen del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional españoles y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La elección de la Sala de Gobierno del TSJA debe realizarse por sufragio universal, así como la de todos los órganos judiciales, los jueces no deben cobrar más que el salario medio de un trabajador, y deben ser revocables. Asimismo, hay que establecer juicios por jurados populares de forma sistemática.

La presente “guerra judicial” no es ajena a los intereses del Pueblo Trabajador Andaluz. Los dos bandos están en la misma trinchera en lo que a nosotras respecta, defienden los mismos intereses. Solo desmontando el sistema judicial español podemos conquistar la soberanía, aplicando unas leyes que obedezcan a los intereses de la clase obrera andaluza y no a sus explotadores.

Desconectemos de la mafia de las togas españolas ¡Soberanía judicial andaluza!

Secretariado de la C.N. de Nación Andaluza.

Andalucía, 25 de noviembre de 2025.